Pensando en las siguientes proposiciones: "...el Poder Judicial hace política partidaria, ...". Y "...el Poder Judicial hace política ... corporativa, ..." ( http://tinyurl.com/qha88gh ).-

Las mismas, se podrían formalizar así: “Para todo x, si x es Poder Judicial, entonces x hace política partidaria” o “(∀x)(PJx ⇒ ppx)”. Y "Para todo x, si x es Poder Judicial, entonces x hace política corporativa” o “(∀x)(PJx ⇒ pcx)”.-

Dentro del entorno (ambiente, contexto, o conjunto de proposiciones que están o pudieran estar lógicamente relacionadas) de estas proposiciones, también podríamos encontrar:

"...el Poder Judicial hace política partidaria, para hostigar a un Gobierno" y "...el Poder Judicial hace política partidaria, para defender a un Gobierno". Y, además, las siguientes: "...el Poder Judicial hace política corporativa, para hostigar a un Gobierno" y "...el Poder Judicial hace política corporativa, para defender a un Gobierno".-

Si bien el artículo periodístico http://tinyurl.com/qha88gh , trata respecto a una eventual falta de independencia del Poder Judicial con relación a los grupos corporativos y a la oposición política (en otros términos, se refiere a una supuesta falta de "imparcialidad" del Poder Judicial), hay que tener presente que, como se ha señalado, en ese contexto también se econtrarían aquéllas acciones, que serían llevadas a cabo para "defender" a un Gobierno (o a las políticas llevadas a cabo por la Administración de un Estado), sea éste Nacional o provincial.-

En todo caso, con las afirmaciones realizadas en el artículo, queda demostrada la necesidad e importancia de la independencia e imparcialidad de los órganos del Poder Judicial.-

Los conceptos analizados, podrían ser asociados con distintos acontecimientos de la práctica profesional, algunos conocidos y otros no tanto.-

Entre los primeros, se podría señalar la actuación de algunos sectores del Poder Judicial con relación al dictado de los Decretos nº 1570/2001 (restricciones "transitorias" para los retiros de dinero en efectivo y transferencias al exterior) y nº 214/2002 ("Conversión" de los depósitos y las obligaciones en dólar estadounidense u otras monedas extranjeras) y la promulgación de la Ley 25561 (emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria), etc.; y —recientemente— con relación a la sanción de la Ley 26.944 ("responsabilidad" Estatal).-

Con relación a ello, se ha de tener presente, entre otros argumentos jurídicos válidos, lo dispuesto por el artículo 3º inc. c) de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, el cual disponía: "El banco tendrá por objeto: ... Vigilar la liquidez y el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la ley de entidades financieras y las demás normas que en su consecuencia se dicten;". (texto sustituido por el art. 2° de la Ley N° 26.739 B.O. 28/3/2012, de la siguiente manera: "El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.").-

Respecto a la sanción de la Ley 26.944, cabe tener presente que algunos de sus artículos (1°; 2°; 4º, 5° y 6°), presentan incertidumbre constitucional o duda sobre su adecuación a la Carta Magna y Tratados Internacionales de su misma jerarquía.-

La función judicial debería ser ejercida por personas con idoneidad moral, conocimiento de la ley y la capacidad de aplicarla (con relación a los hechos del caso, el merito de los argumentos y la normativa vigente) en forma imparcial (libre de prejuicios, partidismos o favoritismos). Dejando en claro, además, que la decisión final, en la designación de un Magistrado, es política (se encuentra en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial). Todo lo que hace a la idoneidad y transparencia del Poder Judicial, es responsabilidad política.-

¡ Un cordial saludo !

Jorge Verón Schenone

* Nueva versión