El pasado 27 de diciembre el Ayuntamiento de León aprobó una moción que reclamaba constituirse como una nueva comunidad, junto con las provincias de Zamora y Salamanca. Semanas después el alcalde leonés se sentía muy satisfecho y orgulloso de que por fin se hablara de León en todas partes. Nadie preguntó a las zamoranas y salmantinas. Tampoco se consultó a las leonesas aunque la idea sea del agrado de una parte de ellas. Si una comunidad social y política decide por consenso formar una comunidad autónoma, no hay constitución que pueda negar esta voluntad. Ninguna constitución democrática, claro. De esta manera, si las leonesas quieren formar parte de una comunidad propia deberían poder hacerlo sin impedimento alguno. Pero lo que se aprobó en el Ayuntamiento de León no tiene que ver con una comunidad de personas que deciden de forma consensuada ser autónomas o independientes. Fue una iniciativa política de naturaleza publicitaria detrás de la cual se encuentran los problemas reales que sufre no solo la provincia leonesa sino todas las provincias que constituyen Castilla y León.

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