La factura de la luz y el cementerio nuclear

La energía nuclear en España, con fines militares en sus orígenes, ha sido la que más dinero público ha recibido. Hoy, completamente amortizada, genera enormes beneficios netos a las compañías eléctricas, pero debido al tipo de subasta eléctrica no contribuye en nada al descenso del precio del kilovatio. El 100 % del uranio es importado, y los residuos generados – cancerígenos durante decenas de miles de años- no tienen solución.

Durante 21 años –entre 1984 y 2005-, los consumidores hemos estado pagando un impuesto por la producción y gestión de los residuos radiactivos a través del recibo de la electricidad, por lo que se puede afirmar que al menos 4/5 partes del coste del Cementerio Nuclear será sufragado con fondos públicos. A partir de 2014, las empresas que explotan las centrales nucleares deberán pagar 2.190 € por cada kilogramo de residuos de alta actividad generado (uranio y plutonio mayoritariamente), para afrontar los ingentes gastos de aislamiento, transporte, almacenamiento y vigilancia. Dicha cantidad, claramente insuficiente, acabará siendo cargada indirectamente al recibo de la electricidad, puesto que a menudo las empresas productoras y comercializadoras son “casualmente” las mismas.

Mucha gente aún cree que todos los residuos altamente radiactivos son trasladados a Francia, donde cuesta tenerlos más de 60.000 € diarios. En Francia solamente se encuentra el combustible procedente de la central nuclear de Vandellós, que tuvo que ser desmantelada tras el grave accidente sufrido en 1989. Lo que se paga diariamente por ellos es una fianza, cuyo importe será devuelto en su mayor parte una vez que los residuos regresen a España, no necesariamente a un Almacén Centralizado. En cualquier caso, y conociendo estas cifras ¿quién puede seguir afirmando que la energía nuclear es barata y segura?